27 de febrero de 1989: Venezuela recuerda 30 años del Caracazo

Hace 30 años, el 27 de febrero de 1989, el pueblo venezolano salió a las calles en rechazo al paquetazo económico implementado por el entonces presidente adeco Carlos Andrés Pérez, medidas neoliberales y pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la farsa de “corregir el rumbo para impulsar el proceso de modernización económica y social”.

Según el presidente adeco esto permitiría a Venezuela “entrar” al siglo XXI, para no admitir la realidad, que consistía en el fracaso del modelo capitalista venezolano y su gobierno necesitaba “dinero fresco”, a pesar de la riqueza petrolera nacional.

El paquetazo económico tenía varios puntos que detonaron el estallido del pueblo venezolano y que consistían en la liberación de precios de todos los productos de consumo; estos incluían alimentos a excepción de 18 renglones de la “cesta básica”, la liberación total de las tasas de interés, se eliminaba por completo el control de cambio y el aumento considerable de la gasolina.

Igualmente, se aumentarían las tarifas de los servicios públicos como la luz, el agua y el teléfono, se reduciría el déficit fiscal a un máximo de 4%, y se congelarían los cargos de la administración pública.

Al salir el pueblo a las calles en rechazo a estas medidas, el gobierno ordenó a las fuerzas de seguridad su represión, generando una masacre que quedó marcada en la historia como el Caracazo y aunque realmente las protestas iniciaron en Guarenas estado Miranda, se fueron extendiendo a las principales ciudades del país.

Los venezolanos y venezolanas se encontraban sumidos en una profunda crisis como consecuencia de las políticas entreguistas de los gobiernos cuarto republicanos, quienes pusieron a merced de los intereses del norte las riquezas nacionales, y como respuesta el pueblo se alzó para reclamar sus derechos.

El acaparamiento y la especulación desataron una serie de saqueos en carnicerías y supermercados. El aumento desmedido del pasaje del transporte público fue el detonante de estas protestas.

El comandante Chávez recordó ese día narrando que entró a Fuerte Tiuna y le tocó verlo en guerra. “Fui a buscar gasolina con un compadre que era coronel. Me senté en su oficina y veo en el televisor aquel desastre. Salgo al patio, los soldados corriendo y unos oficiales mandando formación y a buscar los fusiles”.

Chávez continuó: Y le digo: ‘Mi coronel, ¿qué van a hacer ustedes?’. ‘¡Ay, Chávez!, yo no sé qué va a pasar aquí. Pero la orden que llegó es que todas las tropas salgan a la calle a parar al pueblo’. ‘¿Pero cómo lo van a parar?’. ‘Con fusiles, con balas’, incluso dijo: ‘Que Dios nos acompañe, pero es la orden’. Vi los soldados salir, los soldados logísticos que no son soldados entrenados”, dijo.

Al siguiente día el gobierno de Pérez agudizó la represión contra la población civil, ordenando a la Guardia Nacional y al Ejército el uso de armas. En el Cementerio General del Sur, de Caracas, existe el sector conocido como “La Peste”, porque durante esa represión a ese lugar eran llevados y amontonados los cuerpos de los civiles asesinados en los barrios para luego ser enterrados en fosas comunes.

Al mismo tiempo, Pérez decretó el estado de emergencia, contemplado en el artículo 240 de la vieja Carta Magna venezolana de 1961, suspendiendo por completo las garantías constitucionales trayendo como resultado la eliminación del derecho a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del hogar doméstico, el libre tránsito, la libertad de expresión, las reuniones en público y el derecho a manifestar pacíficamente durante 10 días.

Durante el Gobierno del Comandante Hugo Chávez la Asamblea Nacional (AN) juramentó en el año 2013, una comisión para investigar a los policías y militares involucrados en los hechos del 27 de febrero del 89, que según “cifras oficiales” de la época, habían dejado un saldo de 276 muertos, pero se calcula que el número de desaparecidos podría superar los dos mil.

Hace pocos años las autoridades encontraron una fosa común con 70 cuerpos no identificados que no estaban incluidos en la lista oficial del Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hasta la fecha no se tiene un número exacto de los muertos y desaparecidos.

Hoy el gobierno Bolivariano condena esas acciones que violaron por completo los derechos humanos del pueblo venezolano, y profundiza en la verdadera democracia participativa y protagónica, haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar el bienestar social a la población, a pesar de los incesantes ataques a la economía nacional.